Consideran que «no se puede tolerar que se siga discriminando a una alumna transexual, saltándose las exigencias de la Consejería»
Una semana antes de que la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria determine su próximo movimiento en el caso de la alumna transexual del colegio San Patricio, la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA) ha tomado nuevamente cartas en el asunto para pedir a la Junta de Andalucía la retirada del concierto con este centro educativo. La presidenta de dicho colectivo, Mar Cambrollé, afirmó ayer en un comunicado que «ni un minuto más se puede tolerar que un colegio, que además es concertado, siga discriminando a una alumna transexual, saltándose así las exigencias de la propia Consejería de Educación». Y añadió que «el colegio está imcumpliendo todas las pautas que ha establecido la inspección educativa».
Además de no avanzar en el caso de la menor, cuyos padres piden que se le deje vestir el uniforme femenino, usar el baño de chicas y otras acciones en las que se respete su identidad de género, la semana pasada el Obispado pidió a la Fiscalía General del Estado que aparte del caso a Flor de Torres, la fiscal andaluza contra la discriminación sexual de género y la encargada de la investigación del caso. «Lo que ya nos faltaba es que pusieran un fiscal del Opus Dei al frente de este caso. Esperemos que los derechos humanos se impongan al fanatismo religioso», criticó Mar Cambrollé, presidenta de la asociación. Y subrayó que esperan que «el sentido común acabe de una vez con el sufrimiento que está pasando una niña de seis años. Ya está bien, por favor».
La Asociación de Transexuales de Andalucía consideró en el escrito que se están vulnerando «los derechos de una menor transexual a su libre desarrollo de la personalidad, a su intimidad y dignidad, tal como se puede desprender de derechos reconocidos en la Carta de los Derechos Humanos, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la LOE» y pide a la Junta de Andalucía contundencia en la resolución del conflicto, que se retire el concierto a la Fundación, por anteponer sus creencias a los derechos fundamentales de la menor. ATA también denunció lo que a su juicio es un delito a la intimidad, «el uso de informes médicos de la menor sin el consentimiento de los padres o de la Fiscalía».
«Cuando se producen conflictos entre la libertad religiosa y otros derechos habría que anteponer la identidad democrática como método de resolución de conflictos», indicó Mar Cambrollé, y agregó que «el derecho a la libertad religiosa como derecho fundamental también tiene sus límites para no pisar otras libertades».
malagahoy (C. Fernández)